Inviabilidad de bonos subordinados convertibles en acciones del Popular ¿what else?

Las cosas se están torciendo para los accionistas que derivan de los bonos convertibles del Popular.

¿Por qué no es viable reclamar ahora?

La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña 319/2019 de 17 de septiembre afirma que estas personas tuvieron la oportunidad de vender las acciones en el momento de la conversión y que habrían ganado dinero con ello, por tanto, no existe un daño patrimonial causado por el banco.

El error inicial en la contratación de preferentes y subordinadas, debe darse por probado, existiendo una relación de asesoramiento al partir la iniciativa contractual del Banco, que tiene obligación de informar «activa y no de mera disponibilidad», la cual incumplió. Pero tras el canje en acciones -producto no complejo, de acuerdo con la LMV-, el inversor ya tenía que conocer el riesgo asumido, fluctuación del precio que no tiene porqué asumir el Banco, siendo el particular quién por decisión propia decidió no vender las acciones. Es más, yendo a ampliaciones de capital durante dos años, y de haberse vendido a fecha del canje no se habría tenido ninguna pérdida, sino una ganancia de 1.407,06 €. No se articuló probanza alguna que el valor de las acciones a fecha de canje estuviese sobrevalorado o irregularidades en tal valoración. Quiérase o no, no hay daño derivado de la acción de anulabilidad que fue la estimada en la instancia, ni menos aún de la subsidiariamente ejecutada de enriquecimiento injusto. No existe el daño al que se refiere el art. 1.101 del C.C., a fecha de consumación del contrato, manteniendo las acciones en su poder los demandantes por voluntad propia según lo razonado, asumiendo un riesgo que ya no podrían desconocer, yendo a ampliaciones de capital durante dos años.

En tal extremo se estima el recurso, conduciéndonos a la desestimación de la demanda en cuanto a la pretensión indemnizatoria pretendida

Por otro lado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña 89/2019 de 1 de marzo llama la atención sobre que no se discuta el asunto de la resolución de la entidad.

El verdadero objeto de discusión, y quizá la razón de ser de este litigio, es la devolución de los 20.110,66 euros que valían las acciones cuando se entregaron el 27 de enero de 2014. O, en otras palabras, determinar quién debe soportar que el 7 de junio de 2017 esas 4.107 acciones perdiesen su valor por la intervención del FROB. Llama la atención que en la demanda no se plantee esta cuestión. Tampoco se analiza en la sentencia apelada. La primera vez que se plantea que debe incluirse entre los efectos del artículo 1303 del Código Civil es en el recurso de apelación, y es respondido evasivamente en la oposición al recurso.

Este tribunal ha debatido ampliamente la cuestión, llegando a la conclusión de que los demandantes sí están obligados a devolver lo que valían las acciones cuando se las entregaron, como «materia del contrato

Échale un vistazo al video en Maldita Letra Pequeña.

¿Qué podemos hacer?

Parece que nos estamos olvidando de algo fundamental: ¿por qué no vendieron estos accionistas en el momento de la conversión? Muy sencillo: las cuentas del banco Popular representaban una entidad con solvencia, viable, un valor seguro no, segurísimo. Y resulta que, en el 2017, nos sorprende a todos con su venta al banco Santander por un euro. ¿En serio alguien se cree que un accionista bien informado de la situación real del banco Popular en el año 2015 no habría vendido sus acciones para no perder el 100% de su dinero?

La aplicación de los argumentos de anulabilidad de ampliaciones de capital a los bonistas

A mi juicio es perfectamente compatible el discurso argumental de los accionistas que reclaman su perjuicio por las compras de la ampliación de capital porque el falseamiento de cuentas afecta no sólo a éstos, sino a todos. Claro que no podremos ir por el régimen específico del folleto informativo, pero sí tenemos vía indemnizatoria general del 1101 del Código Civil por el defecto de información.

Informe pericial hasta que el falseamiento de cuentas se considere hecho notorio.

Todo esto exige medios de prueba periciales porque las aseveraciones de que existió un falseamiento de cuentas desde el año 2012 (con lo que afectaría a los bonistas) no han alcanzado la consideración de hechos notorios, es decir, no son todavía una circunstancia de la que nadie duda ya, y por tanto, es necesario demostrar.

Así, actualmente hay que contar con informe pericial porque, de lo contrario, nos dirán eso de «no ha quedado probado».

Opiniones personales.

No olvidemos que los juzgados no están vinculados a los argumentos desarrollados en este blog, y que hasta que no se recoja en sentencias, no es más que una opinión jurídica más que, no obstante, espero que sea de provecho para cualquier profesional.

Os invito a debatir, compartir y opinar, por el bien del conjunto de la sociedad de cara a poner fin a los abusos de la banca.

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