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¿Reclamar el impuesto de la hipoteca?

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Marzo de 2018 los despachos de abogados deben tomar decisiones. ¿Seguir reclamando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados? ¿Plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? En este artículo vamos a hablar de la estrategia que va a tomar Aletra y los despachos con los que colabora.

 

Consecuencias de reclamar ahora: la cosa juzgada.

El problema que reviste continuar con la reclamación del impuesto de actos jurídicos documentados es que, con toda seguridad tras la sentencia del Tribunal Supremo, se desestime. Ello tiene como consecuencia que ningún juez podrá volver a valorar si es justo o no que no te devuelvan lo que pagaste por el impuesto.

Algunos despachos de abogados vamos a plantear al juzgador que formule una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto ya se hizo en otras ocasiones y tuvo consecuencias favorables en materia de cláusulas suelo, pero lo haremos sólo en procedimientos en los que ya haya recaído sentencia, porque sino, tu procedimiento se paraliza y tendrás que esperar más tiempo para obtener una sentencia también por el resto de los conceptos. Lo explicamos a continuación.

 

Solución para procedimientos con sentencia y recurridos en segunda instancia: Solicitar planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de Actos Jurídicos Documentados.

No tenemos nada que perder en aquellos procedimientos que se plantearon cuando la jurisprudencia era 100% favorable a la devolución de todos los conceptos de gastos de hipoteca, a los que el cambio de criterio cogió antes de que se dictase sentencia. En Aletra entendemos que es pertinente en estos casos solicitar al tribunal de segunda instancia que plantee una cuestión prejudicial al TJUE. Ello es gratuito y no tenemos ninguna prisa en que la Audiencia Provincial dicte una sentencia desestimatoria de la devolución del impuesto, siguiendo el reciente nuevo criterio del Tribunal Supremo. Además, en nuestro caso, otros conceptos ya fueron devueltos en primera instancia. 

 

Solución para procedimientos sin sentencia: Desistir de la reclamación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Sin duda, lo más acertado para procedimientos que todavía no han sido juzgados. En caso de que en el futuro haya un cambio jurisprudencial, al no sufrir cosa juzgada en relación al impuesto de Actos Jurídicos Documentados, podrá reclamarse en un nuevo procedimiento judicial. A pesar de la problemática procesal que esto reviste (cosa juzgada o preclusión de la acción), tenemos el antecedente de las cláusulas suelo: Muchos despachos de abogados, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase sobre la devolución de la cláusula suelo desde la firma de los contratos, optaron por reclamar sólo desde la fecha que el Tribunal Supremo fijó (irracionalmente) como posible, 9 de mayo de 2013. Así que, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia por la que esta limitación era contraria a Derecho, las personas que sólo tenían sentencia desde el 9 de mayo de 2013 declarando la nulidad de la cláusula y restitución de cantidades desde aquella fecha, pudieron reclamar las cantidades anteriores. Consecuentemente, aquellos despachos que decidieron pelear contra la sentencia del Tribunal Supremo desde las primeras instancias, provocaron que sus clientes ya no pudieran reclamar con el cambio jurisprudencial. Parece sensato repetir la estrategia al respecto del impuesto ya que, por mucho que lo reclamemos, ahora mismo no lo vamos a recuperar.

 

¿Podemos seguir reclamando otros conceptos?

Sí. De hecho, en Aletra lo estamos haciendo. Esperar a una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no tenemos la certeza de que llegue a existir supone demasiado tiempo. Quizás si se anuncia podremos plantearnos esta posibilidad, pero la realidad es que todavía no se han planteado cuestiones prejudiciales ni se conocen juzgados que hayan dictado en contra del criterio del Tribunal Supremo. Esto no pasó con el IRPH, que, si bien el Tribunal Supremo dijo que era perfectamente transparente, muchos jueces optaron por su libertad de criterio y sentenciaron que no lo era, con la consecuente recuperación de cantidades para el consumidor. Además ya se ha planteado la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sí tenemos perspectiva de que pueda ser favorable, ya que conocemos la jurisprudencia europea y la sentencia del Tribunal Supremo en España se aleja bastante de estos criterios.

Como veis, las situaciones son bastante diferentes. Pero quizás más adelante podamos compararlas. Por ahora, sólo queda continuar reclamando factura de notario, de registro, de gestión y de tasación. Los porcentajes de devolución dependerán de la Audiencia Provincial que corresponda al domicilio del consumidor, ya que en estos conceptos también hay mucha diversidad de criterios. Las devoluciones van desde el 50% al 100%, en todos o en sólo algunos de los conceptos. Ya os adelanto que tendremos nuevas sentencias del Tribunal Supremo unificando doctrina para que no existan estas diferencias de criterio, de hecho hay recursos de casación ya admitidos a trámite que discuten estas cuestiones.

¿Merece la pena reclamar?

Es cuestión de echar las cuentas. En Aletra hacemos una minuta combinada con parte fija y parte variable en función de la cuantía que se recupere. Así nos aseguramos de que el consumidor “saque algo” y el despacho sufrague gastos, para ello hay que ponerse en el peor de los casos y hacer números. Además, estamos empezando a ver condenas en costas en materia de gastos de hipoteca contra las entidades bancarias, ello en base a una Sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2017 en la que comentaban cuestiones sumamente lógicas: si no queremos que el consumidor se vea afectado económicamente por las cláusulas abusivas, pero librarse de ellas en un procedimiento le cuesta dinero (pagar a abogado y procurador), en realidad sí está sufriendo económicamente que el banco incluyese cláusulas abusivas en su contrato. Para evitarlo, bastará con condenar en costas al banco. De hecho, es la única forma de conseguir que el consumidor disfrute de una situación en la que no se vea afectado por las cláusulas abusivas.

En conclusión, sí, merece la pena, pero es necesario pedir presupuestos y, sobre todo, contar con despachos especializados para tener opciones a que condenen en costas a la entidad bancaria.

 

¿Quieres saber más? Aquí dejo el último tutorial explicando la Sentencia del Tribunal Supremo de 2018 en la que cambia de criterio y ya no devuelve el impuesto de Actos Jurídicos Documentados al consumidor

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